El tráfico de drogas constituye un delito contra la salud pública castigado con penas de prisión y multa. Sin embargo, no todas las conductas relacionadas con estupefacientes tienen la misma gravedad ni todas las sustancias reciben idéntico tratamiento penal.
¿Cuántos años de prisión pueden imponerse por vender cannabis? ¿Es mayor la pena por traficar con cocaína? ¿Se puede cometer un delito sin obtener dinero? ¿Qué ocurre cuando intervienen varias personas? ¿Y si la cantidad de droga es pequeña?
Estas cuestiones son especialmente importantes porque, en determinadas circunstancias, una investigación por tráfico de drogas puede tener consecuencias personales, familiares y económicas muy graves.
La legislación española no sanciona únicamente la venta de sustancias estupefacientes.
También contempla determinadas conductas de cultivo, elaboración, transporte, distribución y posesión destinadas a promover o facilitar el consumo ilegal de drogas por otras personas.
Sin embargo, la existencia de un delito debe acreditarse mediante pruebas válidas y con respeto al derecho fundamental a la presunción de inocencia.
Desde González Rodríguez Asesores explicamos qué establece el Código Penal, qué diferencias existen entre las principales sustancias, cuándo pueden agravarse las penas y qué garantías corresponden a las personas investigadas.
¿QUÉ SE CONSIDERA TRÁFICO DE DROGAS SEGÚN EL CÓDIGO PENAL?
El artículo 368 del Código Penal regula el delito básico de tráfico de drogas.
Este precepto sanciona las conductas de cultivo, elaboración o tráfico y aquellas otras que promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
También sanciona la posesión de dichas sustancias cuando está destinada a esas finalidades.
Por tanto, el tráfico no se limita necesariamente a una compraventa.
Puede existir responsabilidad penal cuando se suministran o distribuyen sustancias a otras personas en las condiciones previstas por la ley.
La ausencia de beneficio económico no excluye automáticamente el delito.
En todo caso, deberá acreditarse que la conducta reúne los elementos exigidos por el Código Penal.
¿QUÉ DIFERENCIA EXISTE ENTRE LA TENENCIA PARA AUTOCONSUMO Y LA TENENCIA PARA TRÁFICO?
Esta distinción es fundamental.
Una persona puede poseer una sustancia destinada exclusivamente a su propio consumo sin cometer, por esa sola circunstancia, un delito del artículo 368.
La situación cambia si se demuestra que la posesión estaba dirigida a vender, distribuir o facilitar el consumo ilegal por terceros.
EJEMPLO PRÁCTICO
Imaginemos que durante una intervención policial se encuentra una cantidad de cannabis en poder de una persona.
Si las pruebas permiten concluir que estaba destinada exclusivamente al autoconsumo, la conducta no constituye por sí misma tráfico de drogas.
Sin embargo, si se acredita que la sustancia estaba destinada a su distribución, podría existir responsabilidad penal.
La finalidad de la posesión deberá determinarse valorando conjuntamente las pruebas.
No puede afirmarse que la presencia de una determinada cantidad convierta automáticamente la tenencia en un delito.
¿QUÉ PENAS EXISTEN POR TRÁFICO DE CANNABIS, COCAÍNA, HEROÍNA O MDMA?
El artículo 368 distingue dos categorías principales.
La primera comprende las sustancias que causan grave daño a la salud.
La segunda incluye las restantes sustancias comprendidas en el tipo penal.
Esta diferenciación determina el marco de las penas básicas.
SustanciaClasificación penal habitualPrisión en modalidad básicaMultaCannabis, marihuana y hachísNo considerada de grave daño a la salud a estos efectos1 a 3 añosDel tanto al duplo del valor de la drogaCocaínaGrave daño a la salud3 a 6 añosDel tanto al tripleHeroínaGrave daño a la salud3 a 6 añosDel tanto al tripleMDMA o éxtasisGrave daño a la salud3 a 6 añosDel tanto al tripleMetanfetaminaGrave daño a la salud, según identificación de la sustancia3 a 6 añosDel tanto al triple
Estas son las penas básicas de referencia. No incluyen las reducciones o agravaciones legalmente previstas ni permiten anticipar la pena de una persona concreta.
TRÁFICO DE CANNABIS
En la modalidad básica, el tráfico de cannabis puede castigarse con prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo del valor de la droga.
TRÁFICO DE COCAÍNA
En la modalidad básica, el tráfico de cocaína puede castigarse con prisión de tres a seis años y multa del tanto al triple del valor de la sustancia.
TRÁFICO DE HEROÍNA O MDMA
La modalidad básica relativa a estas sustancias puede quedar comprendida en el mismo marco previsto para las drogas que causan grave daño a la salud.
La concreta calificación exige identificar la sustancia mediante las pruebas correspondientes.
No es lo mismo la multa administrativa por tenencia para autoconsumo en la vía pública que la multa penal proporcional impuesta por un delito de tráfico.
¿SE PUEDE COMETER TRÁFICO DE DROGAS SIN VENDER NADA?
Sí, en determinados supuestos.
El artículo 368 no exige necesariamente que se haya perfeccionado una venta ni que exista una ganancia económica.
La norma incluye otras conductas que favorecen o facilitan el consumo ilegal por terceros.
Sin embargo, no toda situación de consumo compartido constituye automáticamente un delito.
La jurisprudencia ha examinado circunstancias particulares en las que puede resultar relevante determinar si realmente existe una conducta de difusión o facilitación del consumo ilegal.
Por ello, cualquier caso relacionado con entregas gratuitas o consumo conjunto necesita un análisis jurídico individualizado.
¿ES DELITO CULTIVAR MARIHUANA PARA VENDERLA?
Cuando el cultivo se destina a promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal de otras personas y concurren los restantes requisitos del artículo 368, puede existir un delito contra la salud pública.
Por tanto, cultivar plantas dentro de una vivienda no garantiza la ausencia de responsabilidad penal.
Tampoco existe una cifra universal de plantas que permita determinar automáticamente si la conducta es delictiva.
La finalidad del cultivo, sus circunstancias y las pruebas disponibles son esenciales.
Por otra parte, determinados cultivos ilícitos visibles al público pueden constituir una infracción administrativa cuando no exista delito, conforme al artículo 36.18 de la Ley Orgánica 4/2015.
¿CUÁNDO SE CONSIDERA QUE EXISTE UNA CANTIDAD DE DROGA DE NOTORIA IMPORTANCIA?
El artículo 369 contempla como circunstancia agravante determinados supuestos en los que la cantidad de droga alcanza la consideración de notoria importancia.
Esta calificación no depende simplemente de que la cantidad parezca elevada.
Debe determinarse conforme a los criterios jurisprudenciales aplicables a cada sustancia.
Entre los elementos relevantes pueden encontrarse la composición, la cantidad y los informes toxicológicos.
Además, existen supuestos de especial gravedad previstos en el artículo 370.
No debe confundirse la cantidad relevante para apreciar un agravante con una supuesta cantidad máxima permitida para el autoconsumo.
Son cuestiones jurídicamente distintas.
¿QUÉ OTRAS CIRCUNSTANCIAS PUEDEN AGRAVAR EL TRÁFICO DE DROGAS?
El artículo 369 del Código Penal contempla diferentes circunstancias agravantes.
Entre ellas se encuentran determinados supuestos de suministro a menores, actuaciones relacionadas con establecimientos abiertos al público, cantidades de notoria importancia y hechos cometidos en determinados lugares especialmente protegidos.
También existen agravaciones cuando concurren otros presupuestos específicamente previstos por la norma.
La apreciación de estas circunstancias puede suponer la imposición de penas superiores a las establecidas para el delito básico.
Sin embargo, no basta con que una circunstancia aparezca mencionada en una investigación policial.
Debe acreditarse conforme a las garantías del proceso penal.
¿QUÉ SUCEDE CUANDO EXISTE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL DEDICADA AL TRÁFICO?
El artículo 369 bis establece penas específicas para determinados delitos de tráfico de drogas cometidos por personas pertenecientes a organizaciones delictivas.
Su aplicación exige acreditar los presupuestos correspondientes.
La ley contempla consecuencias más graves para quienes desempeñan determinadas funciones de dirección, jefatura o administración.
¿BASTA CON QUE PARTICIPEN VARIAS PERSONAS?
No necesariamente.
La existencia de varias personas investigadas no determina automáticamente la aplicación del artículo 369 bis.
Debe acreditarse una estructura y las circunstancias exigidas para apreciar la organización delictiva.
Además, resulta indispensable individualizar la responsabilidad de cada acusado.
¿SE PUEDE REDUCIR LA PENA POR UN DELITO DE ESCASA ENTIDAD?
El segundo párrafo del artículo 368 permite imponer la pena inferior en grado cuando concurren determinadas circunstancias relacionadas con la escasa entidad del hecho y las circunstancias personales del culpable.
Esta posibilidad tiene especial relevancia en procedimientos por hechos de menor gravedad.
Sin embargo, se trata de una facultad sometida a requisitos legales.
No puede aplicarse cuando concurren determinadas circunstancias previstas en los artículos 369 bis y 370.
EJEMPLO PRÁCTICO
Imaginemos que se acredita una conducta de tráfico de reducida entidad.
La defensa podrá examinar si concurren las circunstancias que permiten solicitar la aplicación del tipo atenuado.
El tribunal deberá resolver atendiendo a los hechos acreditados y a los criterios legales.
No existe una garantía de obtener una pena reducida por el simple hecho de que la operación investigada implique una pequeña cantidad.
¿QUÉ PRUEBAS SON IMPORTANTES EN UN JUICIO POR TRÁFICO DE DROGAS?
La prueba constituye un elemento central de estos procedimientos.
Entre los medios que pueden resultar relevantes se encuentran los análisis de laboratorio, las actas de intervención, las declaraciones de agentes y testigos, las comunicaciones obtenidas legalmente y las diligencias de investigación autorizadas.
También pueden intervenir informes periciales y documentos relacionados con los hechos investigados.
EL ANÁLISIS DE LA SUSTANCIA
Permite identificar la composición del material intervenido y, cuando proceda, sus características relevantes.
LA DOCUMENTACIÓN POLICIAL
Puede incluir información sobre la intervención de sustancias, los hechos observados y otras circunstancias investigadas.
LAS DECLARACIONES Y TESTIMONIOS
Deben valorarse conforme a las reglas probatorias y a las garantías procesales correspondientes.
LAS COMUNICACIONES INTERVENIDAS
Su utilización como prueba requiere respetar los presupuestos legales y los derechos fundamentales.
La acusación debe acreditar los elementos del delito; no corresponde a la persona investigada demostrar su inocencia.
¿PUEDE LA POLICÍA ENTRAR EN UNA VIVIENDA POR SOSPECHAS DE TRÁFICO DE DROGAS?
El artículo 18.2 de la Constitución Española reconoce la inviolabilidad del domicilio.
La entrada o registro domiciliario exige respetar las condiciones constitucionales y legales.
Entre los supuestos habilitantes se encuentran el consentimiento válido del titular, la resolución judicial y los casos de flagrante delito, conforme a la regulación aplicable.
Por tanto, la existencia de sospechas de tráfico no elimina automáticamente las garantías constitucionales.
En un procedimiento penal deberá analizarse cómo se practicó la entrada, qué autorización existía y si las diligencias respetaron los derechos fundamentales.
La eventual ilicitud de una prueba puede tener consecuencias procesales relevantes.
¿PUEDEN DECOMISARSE EL DINERO, LOS VEHÍCULOS Y OTROS BIENES?
El Código Penal contempla el decomiso de determinados efectos, instrumentos y ganancias vinculados con actividades delictivas.
En los procedimientos de tráfico de drogas pueden intervenirse bienes que resulten relevantes para la investigación.
Sin embargo, la intervención provisional y el decomiso definitivo son cuestiones distintas.
Para acordar este último deben concurrir los requisitos legales.
Por tanto, no toda cantidad de dinero encontrada durante una investigación puede considerarse automáticamente procedente del tráfico de drogas.
También deben respetarse los derechos que puedan corresponder a terceros.
¿QUÉ SUCEDE SI LA PERSONA INVESTIGADA ES DETENIDA?
La detención debe cumplir los presupuestos legales.
La persona detenida tiene derecho a asistencia letrada y a las demás garantías reconocidas por la Constitución y por el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Entre estas garantías se encuentran el derecho a ser informada de los hechos atribuidos y de sus derechos, el derecho a guardar silencio y el derecho a no declarar contra sí misma.
La detención tampoco implica una condena.
Una vez puesta a disposición judicial, el órgano competente deberá resolver sobre su situación personal.
En determinados casos podrá solicitarse prisión provisional, pero esta medida exige los requisitos previstos en los artículos 502 y 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, cuando corresponda, la audiencia del artículo 505.
¿SE ENTRA AUTOMÁTICAMENTE EN PRISIÓN POR UNA PRIMERA CONDENA?
No necesariamente.
La pena impuesta y su ejecución son cuestiones distintas.
El artículo 80 del Código Penal contempla la posibilidad de suspender la ejecución de determinadas penas privativas de libertad cuando concurren los requisitos legales.
Sin embargo, no toda pena puede suspenderse ni la ausencia de antecedentes garantiza automáticamente que la suspensión vaya a concederse.
En determinados supuestos, la legislación también contempla reglas específicas relacionadas con personas que cometieron el delito a causa de su dependencia de sustancias.
Todo ello requiere analizar las circunstancias de la condena y las condiciones legales.
Una primera condena por tráfico de drogas puede implicar el ingreso efectivo en prisión cuando no resulte procedente la suspensión.
¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE UNA CONDENA POR TRÁFICO DE DROGAS?
Además de las penas de prisión y multa, una condena puede producir otras consecuencias jurídicas.
Entre ellas se encuentran los antecedentes penales, el decomiso de bienes en los supuestos legales y las responsabilidades económicas correspondientes.
Cuando el procedimiento afecta a personas extranjeras, también puede ser necesario examinar las consecuencias relacionadas con la legislación de extranjería y el artículo 89 del Código Penal, si resulta aplicable.
Por otro lado, si el delito está relacionado con una actividad empresarial, pueden existir consecuencias adicionales para las personas y entidades implicadas.
Estas cuestiones deben estudiarse individualmente.
¿QUÉ OCURRE SI FINALMENTE EL ACUSADO ES ABSUELTO?
La persona acusada conserva su derecho fundamental a la presunción de inocencia durante todo el procedimiento.
Para obtener una condena es necesario acreditar los hechos delictivos y la participación del acusado mediante pruebas suficientes y válidas.
Si no se alcanza el estándar probatorio exigido, puede dictarse una sentencia absolutoria.
En ese caso deberán examinarse sus efectos sobre las medidas cautelares y los bienes que hubieran sido intervenidos.
Una absolución no significa automáticamente que cualquier actuación policial anterior fuera ilegal.
Tampoco equivale, por sí misma, a una declaración de responsabilidad de quienes participaron en la investigación.
Cada cuestión debe analizarse conforme a sus requisitos específicos.
EJEMPLOS PRÁCTICOS DE PROCEDIMIENTOS POR TRÁFICO DE DROGAS
EJEMPLO 1: DISTRIBUCIÓN DE CANNABIS
Una persona es investigada en Almería por la presunta distribución de cannabis.
Si se acredita la conducta delictiva y no concurren agravantes ni atenuantes específicas, podría aplicarse el marco básico de uno a tres años de prisión y multa proporcional.
EJEMPLO 2: VENTA DE COCAÍNA
Una persona es acusada de realizar operaciones de distribución de cocaína.
Si se acreditan los elementos del artículo 368 en su modalidad básica, la pena prevista es de tres a seis años de prisión y multa proporcional.
La existencia de determinadas circunstancias agravantes podría modificar ese marco.
EJEMPLO 3: VARIAS PERSONAS INVESTIGADAS
En una investigación aparecen varias personas vinculadas a operaciones relacionadas con drogas.
No puede atribuirse automáticamente idéntica responsabilidad a todos los investigados.
Será necesario determinar qué hizo cada persona y si concurren los requisitos del delito o de alguna modalidad agravada.
¿QUÉ DEBE HACER UNA PERSONA INVESTIGADA POR TRÁFICO DE DROGAS?
La actuación dependerá de la fase del procedimiento.
Es fundamental conocer los hechos concretos atribuidos, la naturaleza de las sustancias intervenidas, las diligencias practicadas y la documentación disponible.
También deberá examinarse la legalidad de las pruebas.
Cuando exista una citación judicial, una detención o una medida cautelar, resulta especialmente importante contar con asistencia letrada.
Las declaraciones, escritos y recursos deberán prepararse atendiendo al expediente.
No existe una estrategia única válida para todos los procedimientos relacionados con drogas.
CONCLUSIÓN: EL TRÁFICO DE DROGAS PUEDE SUPONER PENAS GRAVES, PERO CADA CASO DEBE ANALIZARSE INDIVIDUALMENTE
El Código Penal español establece un régimen sancionador especialmente relevante para las conductas de tráfico de drogas.
Las penas básicas dependen, entre otras circunstancias, de si la sustancia causa grave daño a la salud.
Así, el tráfico de cannabis puede castigarse en su modalidad básica con prisión de uno a tres años, mientras que el tráfico de cocaína, heroína o MDMA puede conllevar penas de tres a seis años.
Además, existen circunstancias que pueden incrementar las penas, especialmente cuando se suministran sustancias a menores, intervienen organizaciones delictivas o concurren otros agravantes legalmente previstos.
Sin embargo, la existencia de un delito de tráfico no debe presumirse únicamente por la presencia de drogas.
Es necesario acreditar los elementos de la conducta delictiva y respetar las garantías del proceso penal.
Desde González Rodríguez Asesores ofrecemos orientación y asesoramiento jurídico en materia penal para estudiar la documentación disponible, las circunstancias de cada procedimiento y las posibles vías de actuación.
Si te encuentras investigado por un presunto delito contra la salud pública, necesitas conocer las consecuencias de una acusación o deseas revisar una resolución judicial, puedes contactar con González Rodríguez Asesores.
Cada situación exige un análisis individualizado y una defensa técnica adecuada.
Porque cuando existe riesgo de una condena penal, conocer las pruebas, los derechos procesales y las consecuencias jurídicas resulta fundamental.